Nuevo salario mínimo para 2026, que deberá expedir el Gobierno Nacional, volvió a encender el debate económico y jurídico en Colombia. Esta vez, la discusión tomó fuerza luego de que el presidente Gustavo Petro pusiera sobre la mesa una cifra concreta: un salario mínimo vital de 2.155.000 pesos mensuales, como mecanismo para cerrar brechas históricas entre la productividad laboral y la remuneración de los trabajadores.
El planteamiento fue realizado por el jefe de Estado a través de su cuenta en X, donde aseguró que un salario de ese nivel permitiría avanzar hacia una mejor distribución del ingreso. Según Petro, desde el año 2002 se ha venido profundizando una desconexión entre el crecimiento de la productividad laboral y el salario real, en contravía de lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-187 de 1999.
Las declaraciones del presidente surgieron como respuesta a un análisis del economista Daniel Ossa, quien expuso cómo ha evolucionado la productividad y la distribución del ingreso en el país, apoyándose en cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
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Ossa recordó que la Ley 278 de 1996 establece que el salario mínimo debe ajustarse teniendo en cuenta variables como la inflación y la productividad. Sin embargo, advirtió que durante años se ha utilizado la Productividad Total de los Factores (PTF) como referencia principal, una medición que —según su análisis— no refleja adecuadamente la productividad laboral. El resultado ha sido, afirmó, un crecimiento del salario mínimo por debajo del crecimiento real de la productividad.
De acuerdo con los datos citados, entre 1996 y 2025 la brecha acumulada entre salario mínimo y productividad laboral alcanzó el 53,8 %. En ese periodo, la relación entre salario mínimo y productividad pasó de 64,9 % en 1996 a un mínimo histórico de 34,2 % en 2022. Aunque los incrementos recientes elevaron esa relación a 38,9 % en 2024, el rezago estructural persiste.
Este desfase también se refleja en la participación de los trabajadores que ganan salario mínimo dentro del PIB per cápita. Según Ossa, este grupo pasó de representar el 59,5 % en 1996 al 46,2 % en 2023. Bajo este contexto, el economista señaló que, si el salario mínimo hubiera crecido conforme a lo ordenado por la Ley 278 —inflación más productividad—, en 2025 debería ubicarse en 2.155.000 pesos mensuales, y no en los 1.423.500 pesos vigentes.
Debate Abierto Sobre El Nuevo Decreto De Productividad
Mientras el Gobierno define el rumbo del nuevo decreto, la propuesta del presidente Petro vuelve a poner en el centro del debate una pregunta de fondo: cómo repartir de forma más equitativa el crecimiento económico. El salario mínimo vital de 2.155.000 pesos mensuales se perfila, por ahora, como una referencia política y técnica que reabre la discusión sobre productividad, justicia salarial y cumplimiento de la ley en Colombia.
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Nuevo Salario Mínimo
Más allá del debate técnico, el ajuste del salario mínimo para 2026 enfrenta un complejo escenario jurídico. Algunos sectores del Gobierno han sugerido que el nuevo decreto podría incluso superar el aumento del 23 % definido en diciembre de 2025. No obstante, expertos advierten que esta alternativa podría chocar con decisiones del Consejo de Estado, que suspendió el Decreto 1469 de 2025 por la forma y los criterios utilizados.
Ivonne Aristizábal Rojas, directiva de Aristizábal & Rodríguez Legal Partners, señaló que un nuevo decreto con un aumento igual o superior al 23 % podría resultar inconveniente y derivar en un eventual desacato. En la misma línea, el abogado Alexander Bermúdez Correa explicó que el Consejo de Estado fue claro al advertir que no se puede reproducir, ni en esencia, el contenido de un acto administrativo suspendido.
Según Bermúdez, cualquier nuevo decreto deberá sustentarse estrictamente en los criterios del artículo 8 de la Ley 278 de 1996: inflación, productividad, crecimiento del PIB y contribución salarial al ingreso nacional. De no hacerlo, el alto tribunal podría suspenderlo de manera inmediata.
