El PAE aumento de recursos públicos destinados a programas sociales y educativos no siempre se ha traducido en una mayor cobertura, y las cifras recientes vuelven a poner esa contradicción en el centro del debate. Entre 2022 y 2026, las transferencias del Gobierno Nacional crecieron un 190 %, al pasar de 1,53 billones de pesos a 3 billones en ese mismo periodo.
En paralelo, el presupuesto total aumentó de 4,33 billones en 2022 a 7,24 billones en 2026, es decir, 2,91 billones de pesos adicionales. Con estos números sobre la mesa, la pregunta que surge es inevitable: ¿quién está incumpliendo cuando el dinero sí está disponible?
La alerta se vuelve más fuerte al contrastar los recursos con los resultados en cobertura. A pesar del incremento presupuestal, el país pasó de 5,9 millones de niñas y niños atendidos en 2022 a 5,6 millones en 2025, lo que representa 253.360 beneficiarios menos. Esta caída devuelve los niveles de atención a cifras cercanas a las de 2019, un retroceso que genera preocupación en sectores educativos y sociales.
El informe también advierte que, en el mismo periodo, el costo promedio de la ración aumentó 35 %, aun cuando la inflación de alimentos empezó a mostrar señales de desaceleración. Este dato refuerza las dudas sobre la eficiencia en el uso de los recursos y la forma como se están ejecutando los contratos a nivel territorial.
Uno de los casos más llamativos se expuso en Sincelejo, donde el valor de la ración pasó de 3.800 pesos en 2022 a 10.600 pesos en 2025, lo que representa una variación del 173 %. Este contraste extremo convirtió la pregunta de “quién está incumpliendo” en un asunto de control y seguimiento a la gestión local, más que en una simple discusión presupuestal.
El foco se traslada entonces a la ejecución en los territorios. De acuerdo con el balance presentado por el Ministerio de Educación, de las 97 entidades certificadas en educación, 55 redujeron el número de estudiantes atendidos, pese a contar con mayores recursos. Este dato revela que el problema no estaría en la falta de dinero, sino en cómo se planifica, contrata y garantiza la continuidad del servicio.
Entre los retrocesos más marcados aparecen Villavicencio, con una reducción del 43 %, y el departamento del Atlántico, con un 36 % menos de cobertura. Les siguen el Huila (25 %), Neiva (24 %) y Envigado (22 %). Cada uno de estos casos evidencia retrocesos significativos en la atención, pese a los incrementos presupuestales.
El departamento del Magdalena también concentra alertas. Allí, el número de estudiantes atendidos pasó de 138.368 en 2022 a 133.203 en 2025, a pesar de que los recursos asignados aumentaron en más de 44 mil millones de pesos. La disminución en cobertura, aun con mayor financiación, refuerza los cuestionamientos sobre la eficiencia de la gestión territorial.
Mientras los recursos crecen, los beneficiarios disminuyen, y el reto queda planteado: asegurar que cada peso invertido se traduzca en más niñas y niños atendidos, y no solo en cifras más altas en el presupuesto.
Renta Joven Consulta Nuevos Beneficiarios 2026
Recursos Bajo Lupa Para Que La Cobertura Sí Llegue A Las Aulas El PAE
Para 2026 se anunció un giro clave: recursos condicionados a metas de cobertura y seguimiento a resultados, para que el dinero se vea en más atención real.
Además, se impulsa un “Pacto por la Universalidad”, con compromisos de gobernadores y alcaldes, y una focalización que priorice a quienes más lo necesitan.
El objetivo es que el esfuerzo financiero no se pierda en trámites, demoras o sobrecostos, y que programas como Alimentación Escolar, se reflejen en el día a día escolar.
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